Ley de dependencia: ¿qué servicios y prestaciones existen?
En nuestro país hay 1.356.473 personas dependientes, según los datos de EPdata de diciembre de 2020, de las cuales 232.243, el 17,1%, no reciben ninguna prestación aun teniendo derecho a ello. En concreto, la ley reconoce que las personas “que no pueden valerse por sí mismas serán atendidas por las administraciones públicas”. Una atención que varía desde los servicios asistenciales a las prestaciones económicas.
El derecho a recibir ayudas -económicas o servicios asistenciales-, se aplica a aquellas personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad son dependientes permanentemente. Es decir, no disponen autonomía física, mental o sensorial, necesitando de alguien que les ayude a realizar las tareas del día a día. Sin embargo, hasta que esas personas reciben la denominación legal de dependientes son apuntados en una lista de espera y, tal y como destacan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios sociales, la mayoría fallece antes de ser atendidos. Las personas dependientes tienen acceso a diversos derechos como, por ejemplo, la opción a solicitar servicios de atención y, en ocasiones especiales, a prestaciones económicas. También a recibir información relacionada con su patología, notificaciones en caso de que los procedimientos necesiten autorización, confidencialidad y a decidir sobre su propia tutela, la de sus bienes y sobre su ingreso en un centro residencial.
Así, es importante tener en cuenta que hay distintos grados de dependencia: grado I moderada, grado II severa o grado III gran dependencia. Y, en función de cuál sea, la persona tendrá derecho a recibir diferentes tipos de ayuda y prestaciones. La ley establece un nivel mínimo de protección que está definido por la Administración del Estado. Asimismo, existen otros niveles: un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de convenios para que se desarrollen todos los servicios y prestaciones que contempla la ley. Y las comunidades autónomas podrán desarrollar un tercer nivel. Además, para obtener la acreditación de dependiente hay que realizar una solicitud, y el trámite tarda un plazo que puede oscilar entre 76 y 927 días, en función de la comunidad. Un hecho que pone en evidencia las desigualdades que existen entre las distintas comunidades autónomas.
Servicios y prestaciones: cuáles son y qué aportan
Las ayudas a las personas dependientes pueden dividirse en cuatro tipos, tres referentes a servicios y otra a prestaciones económicas.
Por un lado, nos encontramos las diferentes modalidades de servicio de atención.
- Teleasistencial: se presta a personas que no reciban servicios residenciales y están enfocados a respuesta inmediata relativa a soledad, inseguridad y aislamiento. Se trata de la incorporación de un botón de ayuda en el domicilio.
- Residencial: puede tener carácter permanente o temporal, dependiendo de si el centro residencial se convierte en residencia habitual y ofrece servicios continuados de carácter personal y sanitario. A esta modalidad se le suma el servicio de centro de día y noche que ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno. Su objetivo es mejorar o mantener el nivel de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.
- A domicilio: se trata del conjunto de actuaciones que se realizan en el domicilio de la persona a cuidar. El fin es atender sus necesidades del día a día y lo realizan los servicios sociales.
Por otro lado, están las prestaciones económicas que son incompatibles entre sí y con los centros de atención concertados. Las modalidades de recepción de la ayuda económica son: la figura del asistente personal, la posibilidad de solicitar un cheque servicio gestionado por cada comunidad autónoma o los cuidados en el entorno familiar. Por cuidados familiares hay un importe mensual de 306 euros y actualmente, están siendo percibidas por 450.000 personas. En este sentido, destacan las cuantías que, varían en función del grado de dependencia, de promedio al mes reciben: 138 euros las personas de grado I; 242 euros para las personas de grado II; y 335 euros para las personas de grado III. Hace dos años se recuperó la posibilidad de que aquellos familiares cuidadores se den de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la seguridad social. Tan solo un 13,4% de personas cuidadoras se encuentra dado de alta en la Seguridad Social, según la Asociación Estatal.
Un nuevo plan para incrementar el presupuesto
El coste de las prestaciones y servicios entregados durante el 2020 fue de 9.132 millones de euros, siendo 1.880 millones aportados en formato copago regulado. El resto lo pagaron las administraciones públicas, en concreto un 19% la Administración General del Estado y el 81% las comunidades autónomas.
En este contexto, desde la administración se ha aprobado un plan de choque para la dependencia que pone fin a los recortes producidos en 2012, incrementando el presupuesto en 623 millones de euros, reduciendo la lista de espera y los tiempos de tramitación para que 100.000 personas salgan de la lista de espera.