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Soy accionista de una cotizada: ¿qué debo saber?

Mercados & Gestión |

El mercado de acciones sigue siendo uno de los más atractivos para el inversor español. Invertir en una compañía cotizada implica formar parte de un proyecto empresarial que ofrece al inversor la posibilidad de obtener una rentabilidad más elevada que con otros productos financieros, pero, eso sí, también conlleva mayores riesgos.

Cuando hablamos del mercado de acciones nos referimos a un mercado organizado, por lo que está sujeto a un entorno normativo, regulatorio y de supervisión que busca garantizar el buen funcionamiento del mercado, además de proteger los intereses de los accionistas. El mercado de acciones forma parte del mercado de valores, donde además de negociar activos de renta variable, también se mueven activos de renta fija, así como derechos de suscripción preferentes y ETF.

Las cifras

Los últimos datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) reflejan que las familias españolas son propietarias del 23,4% del valor total de las sociedades que cotizan en la bolsa española, solo por detrás de los inversores extranjeros, que en 2016 marcaron un nuevo máximo histórico al alcanzar el 43,1%.

Si echamos la vista atrás y miramos el porcentaje que poseían los inversores particulares hace diez años –la cifra no tiene en cuenta las inversiones indirectas, es decir, las que se realizan a través de otros vehículos de inversión como pueden ser los fondos de inversión, entre otros productos financieros- vemos que no ha habido demasiados cambios de una década a otra. En 2008, los inversores particulares eran dueños del 20,2% del valor de todas las sociedades cotizadas en la bolsa española.

¿Qué supone comprar acciones de una empresa que cotiza en la bolsa?

Una acción representa una parte proporcional del capital social de una empresa, por lo que cuando un inversor se hace con un determinado número de acciones de una compañía, se está convirtiendo en socio propietario de la misma, en proporción a esa participación que ha comprado.

Por otro lado, una acción es un activo financiero en el que se invierte con el objetivo de obtener una rentabilidad positiva que supere su inversión inicial. Así, al invertir en renta variable el accionista puede obtener beneficios con los dividendos del valor en el que ha invertido -ya que como propietario de parte de la compañía tendrá derecho a participar proporcionalmente de sus ganancias-, y también por la revalorización de la acción -si sube el precio de la acción en el mercado, logrará una rentabilidad si vende sus acciones con plusvalías-.

Tipos de acciones (según los derechos que incorporan):

Acciones ordinarias: son las más comunes dentro del mercado de valores de nuestro país. En concreto, las acciones ordinarias son las que otorgan a sus propietarios una serie de derechos económicos, como el de poder participar en los beneficios de la sociedad -con los dividendos- y si se produce, en la liquidación de esta. También incorporan derechos políticos -asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas- y derechos de suscripción preferentes.

 Acciones privilegiadas: son las que incluye algún privilegio adicional al de las ordinarias como, por ejemplo, recibir un mayor dividendo. Además, cuando se produce la liquidación otorgan el derecho preferencial para el reembolso, hasta el montante de su valor nominal. No son muy habituales en nuestro mercado de valores.

 Acciones sin voto: las acciones sin voto también son poco frecuentes. Tienen los mismos derechos que las acciones ordinarias, a excepción del voto en las Juntas Generales. En cambio, lo que sí otorgan es el derecho a recibir un dividendo mínimo garantizado -que puede ser fijo o variable- y que es adicional al que distribuyen las ordinarias. Además, este dividendo es acumulativo, es decir, si un año la empresa no puede pagarlo, se desembolsaría dentro de los cinco años siguientes.

 Acciones rescatables: son las que otorgan un derecho de amortización que puede ejecutar tanto la empresa que las emite como el propio emisor. En el primer caso, la compañía establece un plazo de rescate para que el inversor se desprenda de ellas.